Boletín 016-160

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          Acapulco, Guerrero,  11 de agosto de 2016

Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, durante el ciclo de conferencias magistrales del programa de verano: “Era Familiar Princess 2016”, realizado en Acapulco, Guerrero.

Expongo un esquema general de nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México. Comienzo con una opinión categórica: la crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo, democrático, con honestidad, justicia y apego a la legalidad.

Hoy existe una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo. En los hechos, un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz y, como decía Tolstoi, un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores.

Esta definición de un escritor, que no de un politólogo o filósofo, concebida con sencillez y claridad, es lo más cercano a nuestra realidad política. En México, los gobernantes forman parte de la principal pandilla de saqueadores y maleantes que opera en el país. Lo anterior, podría parecer extremo, exagerado, o argumentarse que siempre ha sucedido lo mismo, pero la descomunal deshonestidad del periodo neoliberal (de 1983 a la fecha), rompe todo lo antes visto, y no tiene precedente.

En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. La corrupción ahora es indudablemente mayor que nunca. No solo se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público, ahora la corrupción se ha convertido en la principal función del Estado.

En los hechos, nada bueno ha significado esta política destructiva. En 30 años, ni siquiera en términos cuantitativos, hemos avanzado. Al contrario, nos hemos colocado, incluso, por debajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades consideradas como informales.

Hoy, la mitad de los mexicanos trabaja en forma precaria y sin ninguna seguridad social.

Tampoco debemos pasar por alto que, por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han provocado miles de muertes en nuestro país.

En la revista Mundo Ejecutivo, Alejandro Desfassiaux, sostiene que “el INEGI y el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportaron del 2006 al 2015 casi un millón de víctimas de la violencia en México”.

Este cálculo se basa en datos terribles: más de 175 mil homicidios y 26 mil 798 desaparecidos, de acuerdo con las denuncias presentadas por familiares de las víctimas. El autor de este análisis recuerda, con toda razón, que la violencia y la delincuencia no solo afectan a la persona que la sufre en carne propia, sino también a quienes la rodean.

Por todo ello, es ilógico pensar que con la misma política económica y las llamadas reformas estructurales podremos los mexicanos superar la decadencia. Desde el Porfiriato quedó demostrado que ningún modelo funciona si la prosperidad de unos pocos se sustenta en el sometimiento de muchos.

Aquel fallido régimen desembocó en una revolución armada (para los que todavía sostienen que fue un buen gobierno el de Porfirio Díaz, bastaría decirles que si eso fuese cierto, no se hubiese producido una rebelión nacional).

Hoy, es indispensable derrocar al régimen del PRIAN y asociados, como se hizo con Porfirio Díaz, pero sin violencia, con una revolución de las conciencias, despertando y organizando al pueblo para limpiar de corrupción a México. En pocas palabras: en vez de la agenda neoliberal o neoporfirista, que solo consiste en que unos cuantos se apropien de bienes de la colectividad, debemos pensar en construir un acuerdo para elevar la honestidad a rango supremo y convertirla en forma de vida y de gobierno, porque esa es la gran riqueza de México.

…

¿Cuál es, en concreto, nuestra propuesta? Podríamos hablar de siete grandes decisiones: una, para rescatar al Estado y ponerlo al servicio de todas y todos los mexicanos; dos decisiones para moralizar y obtener recursos, y cuatro más para garantizar el progreso con justicia, la seguridad, el bienestar y la felicidad.

I.            Rescatar al Estado.

No se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. Reitero mi concepción esencial: el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y esta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero, en los hechos, un grupo los tiene confiscados. Por eso lo primero que se necesita es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social del país.

Hay que desechar el engaño de que, para crecer, el Estado debe diluirse o subordinarse en beneficio de las fuerzas del mercado. El Estado no puede eludir su responsabilidad pública, ni económica ni social. Su razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar; y su función básica es evitar que pocos se aprovechen y abusen de muchos.

Es importante dejar en claro que el rescate del Estado debe llevarse a cabo de manera pacífica, legal y en forma democrática. Aquí, es oportuno volver a responder sobre el trato que recibirán los integrantes de la mafia del poder cuando triunfe nuestro movimiento. Es indispensable contestar puntualmente esta pregunta porque, en nuestra concepción, el principal problema de México es, precisamente, el predominio de un puñado de personajes que detentan el poder, formal o informalmente, y son los responsables de la actual tragedia nacional.

Y, como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos con los corruptos y traficantes de influencias, al triunfo de nuestro movimiento. Pero antes quiero reiterar que no todo el que tiene es malvado, que no estamos en contra de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público.

Estamos en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción política que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica. En mi experiencia como dirigente y funcionario público, me ha tocado tratar con empresarios con vocación productiva y dimensión social, y creo que para sacar adelante al país se necesita de la participación de todos, de la acción coordinada entre el sector social, el sector público y el sector privado.

Desgraciadamente, lo que ha predominado es la codicia y hacer dinero a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Contra eso luchamos, porque éste es el mal que más aqueja y daña a la nación.

Durante la campaña de 2006, cuando se desató la guerra sucia para meter miedo a los empresarios y a la población en general, traté de convencer de que era necesario un cambio real y que nuestro triunfo no significaría una amenaza para nadie. Incluso, afirmé que también a las cúpulas podría convenirles la renovación de la vida pública porque ya no era posible mantener al país en condiciones de franco deterioro. No obstante, no fueron capaces de entender ni de aceptar nada; optaron por el fraude, por robarnos la elección.

Prefirieron seguir viviendo en el mundo de las residencias amuralladas, de los carros blindados y rodeados de guardaespaldas, permaneciendo por largas temporadas en el extranjero, en vez de contribuir a la renovación de la vida pública del país.

Ahora, de nueva cuenta, les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota, en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie.

Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo, moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que solo tenga como amo, al pueblo de México.

Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor.

II.          Acabar con la corrupción y la impunidad.

Ante el diluvio ocasionado por la corrupción, la honestidad es nuestra tabla de salvación. Convertir esta virtud en institución y forma de vida es nuestra propuesta. La honestidad es un tesoro, la riqueza enterrada. Extraerla del México profundo y revalorarla nos permitirá engrandecernos, disponer de recursos económicos para el desarrollo y emprender el camino hacia la felicidad.

La corrupción es la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos. La deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder es lo que más ha deteriorado la vida pública del país, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación de bienes de la colectividad. Dicho en otras palabras: nada ha dañado más a México que la corrupción política.

No obstante, siendo este el principal problema del país, por decisión de los poderosos, el tema no se debate con seriedad ni aparece en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero este grave asunto no se considera prioritario, ni siquiera es parte del discurso político.

Los defensores de la globalidad nunca han pensado en importar ejemplos de países y gobiernos que han tenido éxito en hacer de la honestidad el principio rector de su vida pública. Por ejemplo, mientras Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia ocupan los primeros lugares en honestidad, México se sitúa entre los países más corruptos del mundo. Y, como es obvio, las naciones éticamente desarrolladas, cuentan con una clase media fuerte y mayoritaria, prácticamente no existe la pobreza, ni se padece de inseguridad y violencia.

Pero lo paradójico y absurdo es que la honestidad se tiene, se posee, es un activo de la sociedad mexicana.

Si hubiese decisión para aprovechar las bondades de esta virtud, sólo sería cosa de exaltarla, de cultivarla entre todos, de hacerla voluntad colectiva y, en consecuencia, volverla gobierno. Solo es cosa de darle su lugar, de ponerla en el centro del debate público y de aplicarla como principio básico para la regeneración nacional. Elevar la honestidad a rango supremo nos traerá muchos beneficios. Los gobernantes contarán con autoridad moral para exigir a todos un recto proceder y nadie tendrá privilegios.

Asimismo, con este imperativo ético por delante se recuperarán recursos que hoy se van por el caño de la corrupción y se destinarán al desarrollo y al bienestar del pueblo.

La decisión de elevar a rango supremo la honestidad irá acompañada de la actuación consecuente de los servidores públicos. Predicar con el ejemplo será la enseñanza mayor.

La corrupción se lleva a cabo, primordialmente, de arriba hacia abajo y hay que eliminarla así, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Suele pasar que, entre más alto es el cargo del funcionario, mayor es la cantidad de dinero que obtiene por sobornos y otros ilícitos. Por lo mismo, si el presidente es honesto, ese recto proceder tendrá que ser secundado por los demás servidores públicos.

En forma categórica expreso que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad. Al asumirse el mando del Poder Ejecutivo, se presentará una iniciativa para llevar a cabo una reforma a la Constitución y eliminar los fueros de los altos funcionarios públicos. Entre otras medidas, se va a suprimir la disposición de que el presidente de la República no puede ser sujeto a ninguna pena por el delito de corrupción.

El gobierno dará el ejemplo en el combate a la corrupción; los servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad, nadie que tenga antecedentes de enriquecimiento ilícito podrá participar en la función pública. Llegar al gobierno no significará un privilegio o la oportunidad para hacer negocios al amparo del poder público. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.

Cambiará por completo la mala imagen que se tiene en el mundo acerca de nuestro país. Sin corrupción, el gobierno tendrá la suficiente autoridad moral y política para ser respetado en el interior de la República y en el extranjero.

Insisto, todo depende de la voluntad política y de la decisión del titular del Ejecutivo y de la autoridad moral de los gobernantes. Si hay integridad en los servidores públicos y no predomina el contratismo voraz, el presupuesto, manejado con eficiencia y honradez, puede rendir mucho en beneficio de la sociedad en su conjunto. Pero si continúa la asociación delictuosa entre políticos, funcionarios, proveedores y contratistas, y no hay fronteras entre los negocios públicos y privados, el distintivo seguirá siendo la corrupción.

Por ejemplo, en enero de este año, se publicó en el Diario Oficial el Presupuesto para 2016, y en marzo, apenas tres meses después, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo modificaciones para aumentar, considerablemente, sin justificación alguna, el costo de ocho proyectos de obras, en los cuales han obtenido contratos empresas vinculadas a funcionarios del gobierno federal.

Estos proyectos originalmente tenían autorizado por el Congreso 486 mil 729 millones de pesos y se les incrementó el presupuesto a 583 mil 994 millones; es decir, 97 mil 265 millones más, el 20 por ciento. Entre las obras con mayor reasignación de recursos aparece el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tenía autorizado 104 mil 396 millones y aumentó a 180 mil 122 millones de pesos, 72.5 por ciento.

Cabe añadir que apenas, en junio de 2016, la Secretaría de Hacienda realizó un ajuste al gasto público de 31 mil millones de pesos (por la sacudida financiera que produjo el Brexit en Inglaterra), pero no incluyó ninguna disminución en el presupuesto de los ocho proyectos de obras antes mencionadas.

La reducción se aplicó a programas sociales; por ejemplo, se quitaron 6 mil millones de pesos al Seguro Popular para la Salud; 3 mil millones a comunidades indígenas; mil 500 millones al fomento agrícola; mil 100 al Programa Nacional de Becas; mil 100 a la Reforma Educativa; mil más al Prospera; 848 millones al fortalecimiento de la calidad educativa; mil 012 millones a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 750 millones al tratamiento de aguas residuales; 613 millones a educación superior; 600 millones al Fondo Nacional Emprendedor, entre otros.

III.         Terminar con los privilegios en el gobierno.

Mucho se habla acerca de que no podemos promover el desarrollo por falta de presupuesto. Esto no es cierto. Las finanzas y la riqueza pública de México, aun con el progresivo deterioro padecido durante el periodo neoliberal, siguen siendo cuantiosas e importantes.

Una cosa es que el Estado no deba asfixiar la iniciativa de la sociedad civil e impedir de manera absurda la participación conjunta, organizada del sector público, privado y social, y otra muy distinta es que el Estado no asuma su función de promotor del desarrollo por una supuesta incapacidad económica.

El problema es la corrupción, no la escasez de las finanzas públicas. Este año, el presupuesto autorizado por el Congreso asciende a casi 4.8 billones de pesos; es decir, corresponde a 12 mil 600 pesos mensuales por familia; o sea, cerca de 6 salarios mínimos.

Sin embargo, en nuestro país, una gran cantidad del presupuesto no se destina a promover el desarrollo, sino a facilitar el saqueo o traslado de bienes de la nación a particulares nacionales o extranjeros. El presupuesto se utiliza para mantener una onerosa estructura burocrática al servicio del poder.

Aplicar una política de austeridad, junto con el combate a la corrupción, nos permitirá contar con presupuesto suficiente para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de todos. Con una política así, no habría necesidad de aumentar impuestos en términos reales o crear nuevas contribuciones, tampoco se caería en déficit o en financiar el desarrollo con deuda pública.

Nuestro Plan de Austeridad Republicana contempla ahorrar y reasignar a la inversión pública, cuando menos, el 10 por ciento del presupuesto. El ahorro que proponemos significa reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. En 2015, sólo el presidente Barack Obama ganaba más que los altos funcionarios públicos de México, pero es de subrayar que los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura, y el presidente del Tribunal Electoral de nuestro país, obtenían más que los presidentes o primeros ministros de Canadá, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Chile, Brasil o Italia.

Además, la élite burocrática goza de servicios médicos privados, se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario; tienen fondos especiales de retiro; créditos baratos para adquirir casas o automóviles, entre otros privilegios.

La otra gran oportunidad de liberar fondos para el desarrollo, se encuentra en obtener ahorros en todas las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno. En febrero de 2012, hasta la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseguró que si el gobierno de México fuera capaz de mejorar sus procesos de compra podría ahorrar 120 mil millones de pesos.

Se ahorrará, también, dejando de comprar vehículos, aviones y helicópteros. Se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno al servicio de los altos funcionarios públicos; sólo se mantendrán los dedicados a la atención médica, la seguridad y la protección civil. El presidente de la República viajará por tierra y en vuelos de líneas comerciales.

De igual manera se eliminarán erogaciones superfluas y habrá ajustes en gastos de operación y publicidad (rentas, oficinas, remodelaciones, difusión, viajes, sistemas de comunicación y cómputo). Se limitarán los viajes oficiales al extranjero, así como las comitivas, pasajes y viáticos. Se cancelarán las pensiones de los ex presidentes. En este caso, no sólo se trata de cuánto se ahorrará, sino de abolir una canonjía que ofende a la mayoría de los mexicanos.

En conclusión, estoy convencido que, así como abolir la corrupción significará toda una revolución social pacífica, la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud, moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo. Para políticos o funcionarios con mentalidad conservadora o convencional, no existen márgenes de reducción del gasto.

Según ellos todo está comprometido, etiquetado; en contraposición, para nosotros la racionalidad del gasto público es un objetivo central. Y claro que hay de dónde echar mano, por ejemplo, la Estela de Luz, un solo proyecto del gobierno de Calderón, costó 650 millones de pesos más de lo planeado originalmente; y las obras públicas durante la administración de Peña han sido infladas a más del doble de su costo real.

IV.         Lograr el renacimiento económico y social de México.

Liberar fondos para el desarrollo con un manejo honesto y austero del presupuesto, nos permitirá mantener equilibrios macroeconómicos y evitar crisis en el ámbito fiscal o financiero. Nuestra propuesta consiste en aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, aparejada a una estrategia de crecimiento para promover el empleo y el bienestar.

El desarrollo, a diferencia de lo que han venido postulando y haciendo los tecnócratas del neoliberalismo, no sólo depende de una adecuada política monetaria, de control de la inflación y de disciplina fiscal, también se necesita de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. No nos conduce a nada lograr que el carro no se caliente si está parado, lo importante es que encendido marche sin calentarse.

Los recursos obtenidos por el combate a la corrupción y por el Plan de Austeridad Republicana se destinarán a los siguientes programas que, por motivo de tiempo, sólo enunciaré de manera breve:

1.           El rescate del campo, su importancia socio cultural y la autosuficiencia alimentaria.

El proyecto nacional de crecimiento con equidad no sería viable sin rescatar del abandono al campo y a sus pobladores. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, como parte de la solución de los grandes problemas nacionales.

A grandes rasgos, los habitantes del medio rural son poco más de 20 millones de mexicanos y representan menos del 25 por ciento de la población nacional. Cinco millones de campesinos y campesinas –ejidatarios, comuneros indígenas y pequeños propietarios– poseen el 90 por ciento del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de propietarios privados.

Además, el territorio rural nacional es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Comprende un conjunto diverso e interrelacionado de espacios patrimoniales de importancia estratégica actual y potencial para el país: tierras, aguas, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales.

Son recursos en extremo valiosos si pensamos no sólo en lo material. En el campo aún existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.

Es obvio que primero debe atenderse a la gente y evitar su empobrecimiento; detener la emigración masiva y mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos. Pero también hay que considerar que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional.

Un sector agropecuario económicamente fuerte significa: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, exportación de cultivos de alta densidad económica y generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y provocar efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía.

2.           El rescate del sector energético y su utilización como palanca del desarrollo.

Aún con el gran desafío que significa la nueva realidad, originada por la llamada Reforma Energética, léase o entiéndase privatización del petróleo y de la industria eléctrica, el gobierno democrático no dejará de considerar a este sector como fundamental para el desarrollo independiente de México.

Rescatar al sector energético demanda de una estrategia que contemple, al mismo tiempo, la aplicación de una consulta o plebiscito para modificar, si así lo decide la gente, el marco legal y regresar a la nación el dominio exclusivo sobre el petróleo y la industria eléctrica; así como la implementación de acciones urgentes, utilizando los márgenes que nos permitan las leyes actuales, para enfrentar la crisis originada, tanto por la caída en la producción petrolera como por el desmantelamiento del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad.

En pocas palabras, es urgente detener la sangría por los onerosos subsidios a empresas eléctricas privadas y la salida de divisas para la compra de gasolinas y otros derivados en el extranjero.

3.           Política de crecimiento y generación de empleos.

Mientras se transite hacia el aprovechamiento integral del petróleo, el gas y la energía eléctrica, se reactivará de inmediato la economía para sacar al país del estancamiento y generar empleos.

Este propósito se alcanzará mediante el impulso de la industria de la construcción; el fomento a la pequeña y mediana empresa; el turismo; el fortalecimiento del consumo y del mercado interno; garantizando cobertura universal en telecomunicaciones; con desarrollo regional (trato especial a las zonas fronterizas y al sureste) y abriendo las oportunidades de empleo y estudio para los jóvenes.

V.           Se hará realidad el Estado de Bienestar.

Es obvio que primero debe crearse la riqueza y luego distribuirse. No puede repartirse lo que no se tiene. Pero tampoco debe sostenerse, en serio, con honestidad que, si se acumula capital en unas cuantas manos, como por contagio, se beneficia a todos.

Es una falacia pensar que el Estado no debe promover el desarrollo, o no buscar la distribución del ingreso, sino dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, pensando que los beneficios se derramarán en automático al resto de la sociedad.

El fracaso actual de esta política se advierte por todas partes y en las variadas y lamentables carencias de la gente. La decisión de poner al Estado solamente a procurar la prosperidad de unos pocos, con el eufemismo de alentar el mercado, empobreció como nunca a los mexicanos, profundizó la desigualdad y produjo la actual descomposición social.

Vuelvo a proclamar: por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no solo eso, sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad ni de paz social.

La fraternidad no solo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública.

Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos y debe comprenderse que no es producto de la fatalidad o del destino. La pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social.

Admitamos que el Estado –en cualquier parte del mundo – es fundamental para el bienestar de la población y, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia de muchos.

Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal: al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando a la justicia social de la agenda de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos.

El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundará en mejor educación, salud y calidad de la vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar.

Nuestra propuesta consiste en establecer un Estado de Bienestar, igualitario y fraterno, para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.

El Estado de Bienestar igualitario y fraterno tendrá como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.

VI.         Sociedad segura.

Enfatizo: la actual situación de inseguridad y violencia es producto, en buena medida, de la desatención a los jóvenes, a los que se les ha cancelado el futuro, pues no han tenido oportunidades de trabajo o de estudio, y solo les han dejado el camino de las conductas antisociales.

Sin embargo, los gobiernos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. Y, como es obvio, tampoco les importa atender las causas del problema.

Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria, pretenden resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego y con la pretensión de corregir el mal sin hacer el bien.

A este pensamiento hipócrita y conservador debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre la sociedad en su conjunto. Para tener una sociedad más humana no hay nada mejor que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que ésta provoca.

La solución de fondo, la más eficaz, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores y por la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.

Además de atender las causas de fondo es necesario llevar a la práctica lo siguiente: no permitir la corrupción en corporaciones policiacas o militares, en ministerios públicos, juzgados y en otras instancias de seguridad pública y de procuración de justicia; mayor profesionalismo para el combate a la delincuencia, porque se trata de inteligencia, no de fuerza; así como de mucha coordinación y perseverancia.

VII.       Hacer posible una república amorosa.

En mi opinión, la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales.

Por eso mi propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y, al mismo tiempo, auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad.

Los seres humanos necesitamos bienestar. Es prácticamente aceptado por todos que nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación o cualquier otro satisfactor material, social o biológico. Un hombre en la pobreza piensa en cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales.

Pero el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a una doctrina o a un código de principios no necesariamente logra la felicidad. En algunos casos, el triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual: procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes.

Cuando hablo de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual propongo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; y el amor para promover el bien y lograr la felicidad.

Muchas gracias.

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