Comunicado c-92
México, Distrito Federal, 23 de noviembre de 2012
El Tribunal Electoral Popular (TEP) solicitó a la Cámara de Diputados iniciar juicio político a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por renunciar a su responsabilidad de guardar y hacer guardar los principios constitucionales en la pasada elección presidencial.
De la misma manera, los 12 integrantes del TEP pidieron a la Procuraduría General de la República que inicie una averiguación previa y proceda conforme a derecho en contra de los consejeros electorales y magistrados del Trife, en defensa de la vigencia plena del Derecho y el orden constitucional.
Conformado por Elena Poniatowska, Magdalena Gómez, Bernardo Bátiz, Jesús González Schmal, Héctor Vasconcelos, Enrique Semo, Carlos Pellicer, Abel Barrera, Virgilio Caballero, Jesús Martín del Campo Jorge Eduardo Navarrete y Rafael Barajas, el Tribunal Electoral Popular sustentó sus demandas en que los funcionarios electorales ni tomaron las medidas ni adoptaron las acciones necesarias para realmente salvaguardar el equilibrio y la autenticidad del proceso electoral.
Después de deliberar, concluyó el grupo que “con su actuación, o más bien con la falta de ella, el Instituto Federal Electoral incidió en el desarrollo normal del proceso y, por ende, afectó su resultado”.
Con relación a los magistrados del Trife, aseguró que la actuación de Alejandro Luna, Carmen Alanís, Constancio Carrasco, Flavio Galván, Manuel González, Salvador Olimpo y Esteban Penagos, antes y después de la elección presidencial, “fue lapidatoria para los principios constitucionales rectores del proceso electoral”.
Los magistrados recurrieron al argumento de que si el texto de la ley ordinaria no lo prevé, nada se puede hacer y, con ello, apedrearon al espíritu, a la razón de ser, al fin mismo, de la ley, afirmaron los miembros del Tribunal Electoral Popular.
En su sentencia, calificó como simples escribanos, guarda códigos y fariseos a los magistrados, que utilizaron argumentos grotescamente simplistas, como aquel que dice: “el proceso electoral no es inválido, no porque no lo sea, sino porque no me trajiste las pruebas materiales de las trampas que los hechos, por todos conocidos”.
De la misma forma subrayó que el “Tribunal Electoral no quiso ir más allá; no ejerció facultades de órgano jurisdiccional supremo en materia electoral; no trató el tema como una cuestión de orden público y de interés general. La política quedó ceñida a las estrechas formas de las reglas del derecho, no a sus fines”.
El Trife –puntualizó– desestimó “los reclamos de nulidad del proceso electoral con el argumento de que lo que se le mostraba no era prueba suficiente de irregularidad y mucho menos de falta grave”.
Los magistrados “con los ojos cerrados pidieron todas la pruebas, nunca hicieron un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebas que se les pusieron a su consideración, tampoco hicieron el esfuerzo para valorar los indicios que se desprendía de los datos conocidos”.
En cambio, prosiguió, el Trife exigió prueba absoluta de la adquisición encubierta, a favor de la imagen del candidato priista Enrique Peña, de espacios en radio, televisión y medios impresos, así como del uso indebido de encuestas, del financiamiento ilícito a través de Monex y de la compra del voto mediante las tarjetas de prepago Soriana.
Durante la contienda presidencial, los consejeros electorales desecharon la propuesta del candidato Andrés Manuel López Obrador para garantizar una lucha equilibrada, justa y apegada a la ley, añadió el Tribunal Electoral Popular.
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